Las personas que reclamen la justicia gratuita en el País Vasco -se registraron 41.176 intervenciones en 2008- no tendrán que aceptar el abogado de oficio que les toque, sino que podrán elegir al que quieran entre los profesionales que están apuntados en ese turno jurídico. Ahora bien, cada letrado sólo podrá ser designado un número limitado de veces cada año, de manera que ese trabajo no se convierta en su principal actividad.
Ése es uno de los cambios que va a poner en marcha la viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco, iniciativa que se aplicó por primera vez en España el año pasado en Castilla y León y que también pondrá en marcha Andalucía. El Ejecutivo autónomo también quiere controlar la formación de los letrados que representan a clientes de escasos ingresos, cuyos pleitos subvenciona la Administración autónoma si el beneficiario gana hasta el doble del salario mínimo (624 euros mensuales en catorce pagas); o si gana el cuádruple, dependiendo de las cargas familiares.
Las mejoras de la justicia gratuita en Euskadi -el Ejecutivo autónomo tratará de abonar los honorarios a los abogados con más rapidez- se plasmarán en un decreto cuyo primer borrador estará listo en septiembre. No obstante, la reforma se plantea cuando el Gobierno central se dispone a introducir recortes en la ley que regula esa prestación social para toda España, y a la que deben ajustarse las disposiciones autonómicas. El motivo aducido por el Ministerio de Justicia es que las comunidades, que son las que financian las ayudas, se quejan de que las solicitudes para pleitear en los tribunales no dejan de aumentar.
La Comunidad de Madrid, que dedica cincuenta millones de euros anuales a este capítulo, habla incluso «de un uso abusivo». Sin embargo, el viceconsejero vasco de Justicia, José Manuel Fínez, niega que ese diagnóstico tan drástico sea válido también para Euskadi, aunque la demanda ha aumentado en la comunidad entre un 20% y un 30% durante el primer trimestre de este año y podría dejar cortos los once millones presupuestados para este ejercicio.
«Las solicitudes de ayudas pasan primero por los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados», explica Fínez, que hasta su nombramiento, en abril pasado, ejerció como magistrado en el partido judicial de Bilbao. «Los expedientes llegan después a una comisión paritaria, en la que están representados los colegios y la Administración autónoma. No tengo la percepción de que se produzcan abusos».
De todos modos, las estadísticas indican que, en el País Vasco, el número de asistencias a detenidos y de turnos de oficio pagados por el Ejecutivo autónomo se ha duplicado entre 2000 y 2008. Los once millones presupuestados este año casi triplican la partida aprobada en 2005 y se gastarán, esencialmente, en sumarios de delincuencia común, menores, alcoholemias y divorcios. Sólo las ayudas para los procedimientos de maltrato sexista, que se conceden sean cuales fueren los ingresos de la víctima, han pasado de sumar 675.000 euros en 2007 a un millón en 2009.
Coro «unánime»
Por otra parte, el empeoramiento de la economía no ha hecho sino incrementar las solicitudes, que en el colegio de abogados de Vizcaya han crecido casi un 30% entre enero y marzo pasados, respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en Gipuzkoa el incremento es de cerca del 20%. En Álava, por regla general, las cifras suelen evolucionar de forma idéntica que en el territorio vizcaíno.
Ahora mismo, Euskadi se ha sumado al coro «unánime» de comunidades que reclaman más requisitos para conceder las subvenciones y proponen, además, diversificar las ayudas para que sean mayores o menores dependiendo de la situación particular del demandante y también de la jurisdicción en la que va a pleitear.
Por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de que que la ley estatal de asistencia gratuita, que data de 1996, contemple un reconocimiento parcial de ese derecho para determinados supuestos, de manera que la Administración pague unas veces los honorarios de un abogado, pero otras, sólo las copias que hay que presentar en el juzgado.
El Ministerio de Justicia también estudia obligar al beneficiario de la subvención a solicitarla no una vez y para todo el procedimiento como ocurre ahora, sino en cada una de las fases del mismo, ya que la situación personal y económica del demandante puede haber cambiado durante ese periodo. De ese modo, si una vez dictada la sentencia se quiere apelar, pongamos por caso, habría que hacer otra vez los papeles para pedir la prestación social.
Otro cambio que plantea el Ejecutivo central, con el consenso de las autonomías, es establecer modalidades diferentes de concesión de la justicia gratuita, dependiendo de la jurisdicción en la que se quiera pleitear: contenciosa, penal, civil o social. Es decir, las condiciones podrían variar en cada uno de esos casos. No obstante, el Ministerio de Justicia no sólo quiere prevenir posibles excesos. También toma en consideración los cambios sociales y legales que se han producido en España durante los últimos años. Así, las parejas de hecho serán equiparadas con los matrimonios cuando, a la hora de conceder la subvención, haya que calcular los ingresos de la unidad familiar.
La futura reforma dedicará también un capítulo a asegurar la competencia profesional de los letrados del turno de oficio, en la línea de lo ya anunciado por el Gobierno Vasco. «Los colegios se ocupan de la formación de los abogados con recursos públicos -explica el viceconsejero José Manuel Fínez-. Pretendemos que esa formación no dependa de tal o cual colegio».
El Ejecutivo autónomo ya ha empezado a ponerse en contacto con las organizaciones de letrados para analizar los cambios previstos en Euskadi -elección libre de abogado de oficio, con un tope de designaciones para el letrado, y cursos formativos-. Para la vuelta del verano estará elaborado el borrador de decreto que servirá de documento de trabajo. Uno de los objetivos del viceconsejero es que la Administración autónoma pague las minutas de la justicia gratuita con más rapidez que ahora. «Los abogados quieren que se abonen con más prontitud. En caso contrario, son ellos los que acaban financiando la prestación social», reconoce Fínez.
En la actualidad, la viceconsejería de Justicia envía el dinero a los colegios profesionales cada seis meses. Las transferencias correspondientes al segundo semestre de 2008 y el primero de 2009 sumarán 9,6 millones de euros -en minutas de los letrados- y otros 355.000 -en honorarios de procuradores-. Actualmente, en concepto de justicia gratuita, la Administración vasca paga 143 euros por la asistencia a un detenido y 228,8 por un expediente de Extranjería. Las tarifas por un procedimiento penal de carácter ordinario y un juicio rápido de violencia de género se elevan a 350 euros. Por su parte, los procedimientos matrimoniales se pagan a 686,4 euros si son contenciosos y a 343,2 si son de mutuo acuerdo.
Fuente: El Correo
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